GLOBALIZACIÓN, JUSTICIA Y DESIGUALDAD

GLOBALIZACIÓN, JUSTICIA Y DESIGUALDAD

Gorki Gonzales Mantilla[1]

PRESENTACIÓN

El complejo y quizás paradójico impacto que la globalización produce sobre la justicia como valor constitutivo de las democracias constitucionales, es la razón que justifica el desarrollo del presente trabajo. En el fondo del problema, la  globalización aparece como un fenómeno cuya expansión se produce en un contexto de evidente desigualdad social cuya mayor incidencia se abre paso en las comunidades pobres. Esta realidad se agrava por la ausencia o debilidad de las políticas estatales orientadas por las dinámicas globalizadoras.

Lo que puede estar en el fondo del problema de la globalización –como ha sido dicho por Amartya Sen- es la presencia evidente de la desigualdad global. Este hecho revela la importancia que adquiere la preocupación sobre la justicia social y el valor de crear condiciones de igualdad para alcanzarla como parte de las políticas públicas. Se trata de una cuestión que plantea un reto a las dinámicas globalizadoras y que ubica en un lugar prevalente a los Estados y sus gobiernos.

1. Globalización y justicia: desencuentros y desencantos

Es verdad que el capitalismo globalizado se advierte mucho más interesado en expandir los mercados que en establecer la democracia o mejorar las condiciones de ésta, ampliando y mejorando la educación pública o las oportunidades sociales de los desfavorecidos[2], pero al mismo tiempo es verdad que los gobiernos nacionales, por acción u omisión, son abiertamente responsables de las causas de desigualdad visibles en las cifras de la pobreza en el Perú y en el resto de países de América Latina, por ejemplo.

Los tipos de acuerdos políticos o la ausencia de los mismos, pueden facilitar la expansión de los intereses del capital por encima de los derechos y la justicia. En estos supuestos, ciertas dinámicas globales pueden servir para agravar las condiciones locales de pobreza y exclusión. Los conflictos socio-ambientales en contextos de diversidad cultural, suelen ser la evidencia más fuerte de esto. En el Perú los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009, son sólo una pequeña muestra de cómo se ha tratado este tipo de problemas en nuestro país. En aquella ocasión, el Estado volvió a mostrar su desinterés por los derechos de las comunidades amazónicas con la promulgación de una serie de decretos legislativos del 2008 cuyo objeto, en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, era favorecer la explotación de recursos petroleros, minerales y otros. Así, se reeditó un escenario ya conocido: las empresas transnacionales beneficiadas y los miembros de las comunidades invisibles para para las políticas estatales.

El rechazo de las comunidades frente a estas decisiones fue claro desde el principio, pues además de lesivas a sus intereses, se habían producido sin consulta previa, conforme lo previsto por el Convenio 169 de la OIT. Las críticas no fueron asimiladas por el gobierno de turno, por el contrario[3], y así se llegó al 5 de junio del año 2009, cuando se produjo una violenta confrontación entre miembros de las comunidades y la policía, en la zona denominada “Curva del Diablo”. El resultado final fueron 33 muertos (10 civiles y 23 policías), un oficial de la policía desaparecido, 200 personas heridas (82 por armas de fuego) y cuantiosos daños materiales. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos aguarunas, huambishas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días y que había dejado desabastecidas de combustible, gas y alimentos a las regiones de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.

Al día siguiente de ocurridos estos hechos, el Congreso promulgó la Ley No. 29376 para suspender las normas en cuestión: el Decreto Legislativo No.1090 (Ley forestal y de fauna silvestre) y el Decreto No.1064 (régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario). Luego los derogó por haber sido promulgados sin haber consultado previamente a las comunidades. Finalmente y como resultado de este mismo contexto, el Presidente del Gabinete de Ministros Yehude Simon, presentó su renuncia al cargo. Es como si las cosas se hubieran hecho al revés, precisamente por la ausencia o negación del diálogo desde el propio Estado.

La ausencia del diálogo puede incidir en el discurso sobre la pobreza y la exclusión, usados como punto de referencia por quienes rechazan la globalización, tanto como por quienes la auspician como un todo. Desde ambas posturas se defienden cosas opuestas teniendo como punto de atención el mismo problema. Como advierte Sen[4], los que la rechazan dirán que los ricos del mundo se están volviendo más ricos y los pobres más pobres. Por su parte, los que la respaldan dirán que los pobres del mundo están menos pobres, debido a que participan de la economía global.

Desde esa perspectiva, sin embargo el problema parece estar mal enfocado. En todo caso, la necesidad de establecer postulados no exhaustivos sobre la relación entre la globalización y el desarrollo parece ser una precondición racional para entender el papel de la globalización misma y aprovechar su incidencia en el desarrollo humano.

De otro lado, pretender que las cosas son buenas o malas per se anula el debate y hace inviable discernir sobre los ajustes para mejorar las diferentes políticas a través de las cuales se expresa la globalización. El primer desencuentro de esta forma de ver las cosas es este: no hay justicia sin acuerdos básicos sobre la misma y sobre la preeminencia que ella debe tener para construir las vigas del desarrollo en un mundo globalizado.

Cuando las políticas gubernamentales se entrelazan con los intereses de las grandes corporaciones y se construyen definiciones legales de alcance para  estabilizar el desarrollo comercial a través de los Tratados de Libre Comercio, la pregunta sobre la justicia en la distribución de cargas y beneficios que corresponden a los productores locales en general, no puede ser menospreciada, evadida o siquiera aligerada.

Las expectativas de los más débiles en la globalización económica se frustran cuando ésta sólo funciona como una especie de hegemonía actualizada de los más fuertes. Después de todo, lo que está en juego en este caso, son los derechos y la posibilidad de que éstos incidan en el desarrollo humano.

El desencanto que emerge de esta realidad puede convertirse en un argumento para preservar las tesis que absolutizan el relativismo cultural y lo convierten en un reclamo que puede abanderar prácticas autoritarias, antidemocráticas y contrarias a los derechos de quienes supuestamente se ven afectados con la globalización.

2. Corrupción, injusticia e impunidad: la globalización como telón de fondo

La desigualdad global como factor presente en la globalización misma se entreteje con las instituciones de los Estados y es una de las causas de la corrupción, de la injusticia y la impunidad. No es exagerado sostener que estos rasgos definen en gran medida la vida de los países como el nuestro, pero ello no significa que sean consustanciales a la globalización.

En todo caso, la globalización contribuye al desarrollo de estos fenómenos, especialmente cuando los gobiernos llevan a cabo sus políticas sin compromiso con los intereses ciudadanos. La globalización en estos casos se conecta a los intereses particulares que se busca privilegiar y contribuye a profundizar las desigualdades y a ampliar los espacios de exclusión.

Las desigualdades estructurales no se superan con las oportunidades de la globalización, sin compromisos internos desde la política y la acción gubernamental. De lo contrario, las dinámicas globalizadoras pueden servir para  agravar estas condiciones: ese puede ser el caso de la explotación de los recursos naturales como el petróleo o el gas en el Perú, cuyo modelo no satisface los intereses de las poblaciones locales que deberían verse beneficiadas y, por el contrario, se ven perjudicadas. La injusticia que marca este proceso podría ser el foco de reclamos sociales que en alguna versión maximalista se vería identificada con el rechazo de la globalización como un todo.

La corrupción encuentra también una oportunidad estratégica gracias a la globalización, debido a las grietas presentes en la institucionalidad de las democracias de nuestros países. El narcotráfico es una muestra de ello, pues la ineficacia de las políticas de interdicción y erradicación de los sembríos ilegales de coca se vincula a una mezcla de deficientes enfoques y políticas locales en el marco de presiones globales. Éstas políticas pierden legitimidad debido a que los valores que se pretenden defender no sólo no están internalizados en las autoridades que deben tutelarlos -se explica así la corrupción- sino que, además, no exhiben vínculo razonable ni alternativa a los intereses de los agricultores que se dedican a esta actividad económica. La corrupción es casi un resultado inevitable de este proceso.

La intensificación de las relaciones comerciales globales crea oportunidades para la corrupción, al margen de si las actividades comerciales son o no ilícitas. La ilicitud se configura en la indefinición moral que moviliza el sentido de la política local. Cuando un ex Presidente del Consejo de Ministros de nuestro país se reunió con el responsable de una red transnacional de negocios en la suite de un hotel y más tarde es acusado con imputaciones que tienen que ver con tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, lo que está en entredicho es la moral del funcionario antes que el sentido de la globalización. Sin embargo, también es verdad que este resultado se integra a los procesos a través de los cuales se movilizan las dinámicas globalizadoras de la economía. Pero es la posición local la que facilita la corrupción.

Parece indiscutible que la corrupción y la ausencia de justicia redistributiva se definan luego en un escenario de impunidad. Las fallas del sistema legal y la debilidad institucional incorporan esta variable como instrumento de los intereses particulares que se busca beneficiar.  Sin embargo, la tolerancia que frente a estas anomalías presenta la política local también forma parte de un juego creado por los intereses transnacionales, como ha sido advertido por Maggie Sumner. Por ejemplo, la impunidad que enmascara a los responsables de los daños producidos por la explotación irracional de los recursos naturales alcanza a una larga cadena de actores que se inicia en nuestros países pero que usualmente concluye en los países del norte.

La corrupción, la injusticia y la impunidad al margen de los procesos de globalización corresponden a modelos políticos que los viabilizan. Y no sólo se distinguen las dictaduras en este propósito. En los últimos años la política nacional, parece estar conducida por partidos o agrupaciones que definen su acción por intereses privados antes que por ideologías o programas políticos orientados por intereses públicos. En este contexto se explican nuevamente las vinculaciones de ex ministros, candidatos, funcionarios públicos, militantes de partidos, etc., con graves actos de corrupción. Esta forma de hacer política se muestra como una herramienta de eficaz inserción en el mercado de lo ilícito y este es el extremo que se aprovecha de las ventajas provenientes de la globalización, aunque no sea el que defina el sentido de la globalización como tal.

3. Reflexión final: los retos o tareas pendientes

Es verdad que la globalización debe sus orígenes recientes a la idea de abrir las oportunidades de la economía de mercado en el mundo. Ello no significa, sin embargo, que deba diluirse en ese propósito. La experiencia de todos estos años demuestra que los desencuentros, desencantos y crisis que el proceso globalizador ha provocado en las comunidades la han rodeado de críticas,  escepticismo y pérdida de legitimidad.

La tarea pendiente de la globalización puede orientarse a optimizar las oportunidades que ésta brinda para emancipar los derechos y libertades de las personas y las comunidades. Aprovechar las potencialidades que se derivan de ella para instalar la preocupación global por la pobreza, la desigualdad y la exclusión. A esta finalidad deberían concurrir todos los esfuerzos que discurren hoy en el andamiaje original de los procesos de globalización.

Se trata de una tarea de dimensiones que compromete esfuerzos múltiples. El desarrollo de una ética cosmopolita vertebrada en torno a la dignidad humana y las políticas públicas transnacionales y nacionales que la concreten.

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[1] Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa. Profesor Principal de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional de la PUCP.

[2] SEN, Amartya. Indetidad y violencia. La ilusión del destino. Buenos Aires: Katz Editores, 2007, p. 187.

[3] Aún se recuerdan las expresiones del Presidente Alan García Pérez: “Ya está bueno, estas personas  no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”. http://www.larepublica.pe/03-07-2011/conozca-las-patinadas-verbales-de-alan-garcia..

[4] SEN, Amartya. Op. Cit., p. 179.