La independencia judicial no es un privilegio. Los jueces deben ser independientes por la necesidad de tutelar los derechos y libertades. Revalorar este principio es, por ello, una condición esencial de todo Estado que apuesta a vivir en una democracia constitucional. Sólo este podría ser el significado atribuible a la independencia en el discurso del Presidente de la Corte Suprema en la apertura del año judicial.
Más allá de las palabras, la independencia exige garantías concretas para su realización. En la práctica, su dimensión y complejidad podrían formar el contenido de cualquier agenda de reforma judicial. Afirmar la posición de legitimidad social de los jueces en el país –como advierte el Presidente Villa Stein-, es una consideración que apela a la necesidad de que los jueces sean independientes. En esa línea, se ubican las propuestas para modernizar los sistemas de gestión y desconcentrar la administración presupuestal a nivel de los distritos judiciales.
En el mundo contemporáneo la independencia es el prisma a través del cual es posible pensar un programa de transformación institucional. Jueces independientes como premisa de un sistema justo, sería la hipótesis de este programa. En otros términos, jueces culturalmente involucrados con los principios de la democracia constitucional para impartir justicia en forma razonable y provistos de las garantías para actuar sin presiones, con profesionalismo y celeridad.
Los problemas crónicos del despacho judicial, comenzando por el de la Corte Suprema o la ausencia de un sistema racional que otorgue seguridad a la carrera profesional de los jueces son condiciones que niegan el desempeño de la función judicial con independencia. El juez independiente debe ser capaz de dar sentido constitucional e historicidad al sistema legal y la independencia sirve de poco si el juez, ajeno a cualquier tipo de injerencias, no es capaz o está impedido de librar la batalla para optimizar los derechos ciudadanos y hacer posible el acceso a la justicia con igualdad de oportunidades.
La agenda pendiente está planteada desde hace algunos años. Pero de las propuestas del presidente Villa Stein surgen algunas preguntas necesarias en esta fase: es el caso de los órganos de gobierno del Poder Judicial -con la Sala Plena incluida-, que reclama un reexamen respecto de su conformación, organización y funciones. De hecho, en el Congreso de la República existen varias propuestas que se ocupan del tema.
La reforma de los órganos de gestión quizás requiera crear un sistema de indicadores institucionales: desde las cifras sobre la carga procesal hasta los factores para la medición del desempeño profesional. Este sistema podría ser el referente para que la evaluación de los jueces tenga una orientación institucional, sus méritos profesionales podrían ser incorporados como factores de medición en los planes anuales de desarrollo y la idea de una evaluación permanente recién tendría sentido. El cambio cultural que está en la base de este proceso, implica la redefinición de las políticas de capacitación de la AMAG y la creación de una política de talentos humanos para el personal de apoyo, asesores y auxiliares.
La independencia judicial puede ser una oportunidad para realizar las tareas necesarias desde siempre, dar continuidad al programa de transformaciones pensado desde el Acuerdo Nacional por la Justicia y la CERIAJUS, y hacer del sistema judicial un espacio de afirmación de los bienes públicos y los derechos ciudadanos para enfrentar el subdesarrollo. El nuevo presidente de la Corte Suprema tiene frente a sí el reto impuesto por él mismo.
Lima, 06 de enero de 2009
2 comentarios:
Estimado amigo, me parece muy buena idea que traten ese tema. Si el Perú tiene un gran problema, es, precisamente, la incomprensión de la gravedad de la situación en materia de independencia e imparcialidad del poder judicial.
El mismo problema existe en todos nuestros países, pero creo que en el Perú tiene características muy particulares que presentan una situación más difícil de resolver. Como siempre, es un profundo problema cultural.
Saludos,
AB
Muchas gracias por tu comentario. En efecto, en el Perú, la indepedencia judicial refleja históricamente su subordinación frente al poder político. Peor aún, lo judicial se ha desarrollado de espaldas al país, al punto de propiciar las condiciones para que la ciudadanía se convierta en una categoría útil para la exclusión.
Saludos cordiales,
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