CIUDADANÍA Y JUSTICIA EN EL PERÚ: LOS EXTREMOS DE UNA RELACIÓN AUSENTE

Gorki Gonzales Mantilla


La reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP revela un escenario reiterado en el proceso histórico de lo judicial desde el siglo XIX. Como imágenes del pasado que se mantienen en la indefinición de las actuales reformas, la falta de confianza, la corrupción, la lentitud procesal, los trámites excesivos, la falta de independencia del poder político o la burocracia encriptada definen el sentimiento ciudadano frente a la justicia. En particular, la encuesta sugiere la necesidad de emprender un trabajo más acucioso sobre el papel de los abogados en la corrupción. Más allá de consideraciones cosméticas expresadas en los códigos de ética existentes y propuestos, parece ingenuo pensar que la corrupción se geste al margen de la influencia prevalente de los letrados.

La encuesta, al margen de lo dicho, se aproxima a un problema de enorme envergadura: la ausencia de un vínculo entre lo judicial y la ciudadanía. Se trata de un hecho que no ha merecido la debida atención desde los estudios especializados. Y la configuración del problema desde la perspectiva del acceso a la justicia, no parece suficiente para medir la intensidad del hallazgo. Que las personas no reciban el mismo trato por el sistema judicial o -como también se advierte en la encuesta- que éste no llegue en igual medida a todos los sectores sociales proyecta un cuadro de desigualdad y lo que es peor aún de exclusión.


La posibilidad de ejercer los derechos o que los jueces puedan conformar los bienes públicos como núcleo de la comunidad en una democracia constitucional, se esfuman completamente cuando -como ha dicho el profesor Boaventura de Sousa Santos- la desigualdad se impone, en este caso, como un sistema jerárquico de integración social, y al mismo tiempo se crea un sistema de atribución de derechos que excluye, es decir, crea mecanismos de prohibición, al punto de impedir la pertenencia de quienes nunca estuvieron incluidos. Mientras que la desigualdad se encubre bajo el manto de la igualdad formal, la exclusión instrumentalizada desde el Estado endurece el imaginario que justifica el determinismo biológico racial, sexual y también el que emerge de la propia condición socio-económica.

La reforma del sistema judicial es, por ello, una demanda ciudadana que implica una crítica a la cultura sobre la que se construye el sistema como tal. En consecuencia, más allá de los cambios en la infraestructura, de los esfuerzos por dotar de instrumentos teóricos para atribuir de idoneidad a la magistratura o de corrregir los procesos de gestión que harían posible mejorar el servicio de justicia, importa un cambio radical de la cultura legal sumergida aún en el formalismo. Esta visión formalista es la que permite a los jueces, propiciar la fragmentación y exclusión social, como factores que impiden el acceso a los derechos y contribuyen a profundizar las condiciones de pobreza y subdesarrollo en el país.

La reforma judicial debe incorporar en su programa las herramientas transformadoras y los principios que la Constitución ofrece para garantizar los derechos ciudadanos por encima de las contingencias políticas, y también para repensar el modo de organización del sistema judicial en los términos de una democracia constitucional.


Pando, 12 de noviembre de 2008