Autor: Gorki Gonzales
La cultura jurídica de una comunidad se forma de conocimientos y valores, pero también se integra de las percepciones, actitudes y de la práctica del derecho como tal. En el caso nuestro, la influencia del formalismo legal, en gran medida, delimitó los cauces por los que la cultura jurídica pudo discurrir: aquella visión debilitada del positivismo jurídico, que refleja el posicionamiento de las formas y el culto a la ley como estrategia para el discurso y la acción desde una perspectiva autoritaria.
Concebir lo jurídico desde esta óptica permite definir lo correcto desde la ley y en auxilio de ella, la doctrina. La doctrina se revela como transmutación del dicho de los autores. No hay que perder de vista que en el formalismo, ley y doctrina operan como argumentos de autoridad. Factores auto referenciales de un discurso que no repara en la realidad o más bien que la ficciona. Pero la autoridad se convierte rápidamente en autoritarismo cuando brota de las palabras del catedrático, al punto que –en términos de Bourdieu[1]- permite delimitar el “campo de lo jurídico” para imponerse sin atenuantes frente a un público adiestrado en estos menesteres. El autoritarismo como discurso que da por definido el sentido del derecho y las instituciones que lo sostienen es esencial a la actividad docente y se expresa igualmente en los textos con pretensiones académicas. El autoritarismo como idea de orden que debe aceptarse porque “así lo dice la doctrina más avanzada” – aunque nadie sepa explicar porqué es así-; autoritarismo que forma las mentes en la férrea idea de que los conocimientos se transmiten porque están en los textos de los maestros.
El autoritarismo no se agota en la definición de ciertos sistemas políticos. Los factores culturales del mismo se vertebran en el ámbito de la cultura legal. A través de él se procura crear convicciones y propiciar herramientas que llevan en forma implícita una sola idea de orden. Por cierto, el formalismo evoluciona sin perder identidad y se transfigura en la dogmática como conocimiento articulado de conceptos y categorías que no dicen nada de la realidad pero que se presentan como hitos. Es entonces cuando el autoritarismo libera al auditorio del esfuerzo de la crítica. Basta con creer y asumir como verdades los conceptos, clasificaciones, derivaciones y demás sofisticaciones jurídicas del vacío.
El autoritarismo, se origina en las bases del discurso legal que justifica las estructuras de poder: desde la voz de los académicos que esgrimen el sentido del derecho en forma descontextualizada o doblemente desarraigada. Quizás cabe recordar que el derecho republicano es un resultado en el que convergen normas de élites y teorías importadas para justificarlas. El producto de este proceso fue un tipo de ley débil por su falta de legitimidad que paradójicamente se impuso por la fuerza. La autoridad sirvió para enmascarar la realidad social y justificar el poder político.
Los abogados difícilmente se sustraen de esa tradición. Las formas autoritarias son un elemento omnipresente en el mundo forense. Al margen de las actitudes y los ritos que deben cumplirse sin lugar a la crítica, el quehacer de los llamados “letrados” está armado por el argumento de autoridad. Las propias instituciones del sistema judicial siguen esa pauta y la consolidan.
Se podría pensar que el valor crítico de la actividad académica funciona como antídoto del formalismo y crisol de la tolerancia. No obstante ello, el discurso académico ha servido para recrear el formalismo y evidenciar su carácter profundamente autoritario a partir de él mismo. Los académicos del derecho en el Perú, indistintamente, han cultivado en formas diversas, enfoques cercanos o no lejanos del formalismo jurídico y en el mejor de los casos, perspectivas propias del positivismo jurídico en áreas del denominado derecho público.
Incluso una opción pragmática o funcionalista, como el análisis económico del derecho, tuvo en el país un éxito espectacular en los años noventa, precisamente porque se puso a la vanguardia de las corrientes positivistas. Recuérdese, sólo como filón, la exaltación del derecho como sistema de reglas simples o la paradójica y famosa referencia al “consumidor razonable”, como petición de principio en una realidad en la cual el mercado era una quimera. La curiosa mezcla que daba lugar a un derecho orientado a la eficiencia como fin, sin reparar en los problemas de exclusión y desigualdad, terminó por ofrecer una perspectiva profundamente autoritaria. No parece extraño, entonces, la utilización de la que fue objeto en un sentido ideológico para justificar la dictadura fujimorista, es decir, para fundamentar el ensamblaje de sus programas económicos y premunir de argumentos el sentido de la democracia de baja intensidad que se auspició.
El autoritarismo se cultiva en las facultades de derecho como enfoque intelectual que articula la cultura de las formas, de las teorías en el vacío, de las fórmulas absolutas, siempre bajo el argumento de autoridad. Puede ser frecuente que esta visión se asocie a una deliberada desconexión de la realidad, a la ausencia de investigación o bien a la persistencia en la investigación libresca y sin crítica. El autoritarismo emerge, al fin y al cabo como perspectiva que modela las relaciones jurídicas, sociales y políticas.
El autoritarismo del mundo académico produce un efecto sobre el comportamiento individual y colectivo. Los estudiantes son los primeros en recibir el impacto y la influencia de esta cultura. Ellos se encargarán de reproducir el imaginario. El mundo forense reforzará la perspectiva y asumirá la responsabilidad de llevarla a extremos. Las relaciones que dan vida al sistema social y a la democracia llevarán esta marca indeleble.
La crítica contemporánea a esta forma de entender el derecho en el Perú, tiene sus mayores resistencias en la cultura legal precedente. Es decir, en los actores presentes, profesores y estudiantes. Y las incursiones reformadoras han tenido, en gran medida, efectos cosméticos sobre la cultura autoritaria y también sobre la idea del derecho. Las voces más representativas del discurso reformador, difícilmente se divorcian de las premisas autoritarias que le sirven de sustento, pues ellas son sus herramientas cotidianas para el ejercicio académico y profesional.
Una expresión contracultural –como ha dicho Binder[2]- es necesaria en medio de las sombras que envuelven nuestra cultura jurídica. Más allá del formalismo y sus consecuencias, la corrupción y las prácticas desleales de los operadores y ciudadanos, cuando de derecho se trata, forman parte también de ella con la ayuda del argumento de autoridad. La visión contracultural resulta entonces una cuestión central para la viabilidad de las instituciones que se justifican en el derecho. La política y la democracia son parte de ello. Cambiar las bases de la cultura legal tiene por ello un propósito superlativo, para que ésta cristalice los intereses y derechos ciudadanos en pos de la igualdad en un contexto de diversidad. Que el autoritarismo deje de ser una sombra perenne en la vida institucional depende en gran medida de que ello ocurra.
Pando, 24 de abril de 2008
[1] BORDIEU. Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico”. En: La fuerza del derecho. Ediciones Uniandes – Instituto Pensar – Siglo del Hombre Editores, p. 155 y sgts.
[2] BINDER, Alberto. “La cultura jurídica, entre la tradición y la innovación”. En: Los actores de la justicia latinoamericana. Salamanca: Ediciones Universidad, 2007, p. 38 y sgts.
Concebir lo jurídico desde esta óptica permite definir lo correcto desde la ley y en auxilio de ella, la doctrina. La doctrina se revela como transmutación del dicho de los autores. No hay que perder de vista que en el formalismo, ley y doctrina operan como argumentos de autoridad. Factores auto referenciales de un discurso que no repara en la realidad o más bien que la ficciona. Pero la autoridad se convierte rápidamente en autoritarismo cuando brota de las palabras del catedrático, al punto que –en términos de Bourdieu[1]- permite delimitar el “campo de lo jurídico” para imponerse sin atenuantes frente a un público adiestrado en estos menesteres. El autoritarismo como discurso que da por definido el sentido del derecho y las instituciones que lo sostienen es esencial a la actividad docente y se expresa igualmente en los textos con pretensiones académicas. El autoritarismo como idea de orden que debe aceptarse porque “así lo dice la doctrina más avanzada” – aunque nadie sepa explicar porqué es así-; autoritarismo que forma las mentes en la férrea idea de que los conocimientos se transmiten porque están en los textos de los maestros.
El autoritarismo no se agota en la definición de ciertos sistemas políticos. Los factores culturales del mismo se vertebran en el ámbito de la cultura legal. A través de él se procura crear convicciones y propiciar herramientas que llevan en forma implícita una sola idea de orden. Por cierto, el formalismo evoluciona sin perder identidad y se transfigura en la dogmática como conocimiento articulado de conceptos y categorías que no dicen nada de la realidad pero que se presentan como hitos. Es entonces cuando el autoritarismo libera al auditorio del esfuerzo de la crítica. Basta con creer y asumir como verdades los conceptos, clasificaciones, derivaciones y demás sofisticaciones jurídicas del vacío.
El autoritarismo, se origina en las bases del discurso legal que justifica las estructuras de poder: desde la voz de los académicos que esgrimen el sentido del derecho en forma descontextualizada o doblemente desarraigada. Quizás cabe recordar que el derecho republicano es un resultado en el que convergen normas de élites y teorías importadas para justificarlas. El producto de este proceso fue un tipo de ley débil por su falta de legitimidad que paradójicamente se impuso por la fuerza. La autoridad sirvió para enmascarar la realidad social y justificar el poder político.
Los abogados difícilmente se sustraen de esa tradición. Las formas autoritarias son un elemento omnipresente en el mundo forense. Al margen de las actitudes y los ritos que deben cumplirse sin lugar a la crítica, el quehacer de los llamados “letrados” está armado por el argumento de autoridad. Las propias instituciones del sistema judicial siguen esa pauta y la consolidan.
Se podría pensar que el valor crítico de la actividad académica funciona como antídoto del formalismo y crisol de la tolerancia. No obstante ello, el discurso académico ha servido para recrear el formalismo y evidenciar su carácter profundamente autoritario a partir de él mismo. Los académicos del derecho en el Perú, indistintamente, han cultivado en formas diversas, enfoques cercanos o no lejanos del formalismo jurídico y en el mejor de los casos, perspectivas propias del positivismo jurídico en áreas del denominado derecho público.
Incluso una opción pragmática o funcionalista, como el análisis económico del derecho, tuvo en el país un éxito espectacular en los años noventa, precisamente porque se puso a la vanguardia de las corrientes positivistas. Recuérdese, sólo como filón, la exaltación del derecho como sistema de reglas simples o la paradójica y famosa referencia al “consumidor razonable”, como petición de principio en una realidad en la cual el mercado era una quimera. La curiosa mezcla que daba lugar a un derecho orientado a la eficiencia como fin, sin reparar en los problemas de exclusión y desigualdad, terminó por ofrecer una perspectiva profundamente autoritaria. No parece extraño, entonces, la utilización de la que fue objeto en un sentido ideológico para justificar la dictadura fujimorista, es decir, para fundamentar el ensamblaje de sus programas económicos y premunir de argumentos el sentido de la democracia de baja intensidad que se auspició.
El autoritarismo se cultiva en las facultades de derecho como enfoque intelectual que articula la cultura de las formas, de las teorías en el vacío, de las fórmulas absolutas, siempre bajo el argumento de autoridad. Puede ser frecuente que esta visión se asocie a una deliberada desconexión de la realidad, a la ausencia de investigación o bien a la persistencia en la investigación libresca y sin crítica. El autoritarismo emerge, al fin y al cabo como perspectiva que modela las relaciones jurídicas, sociales y políticas.
El autoritarismo del mundo académico produce un efecto sobre el comportamiento individual y colectivo. Los estudiantes son los primeros en recibir el impacto y la influencia de esta cultura. Ellos se encargarán de reproducir el imaginario. El mundo forense reforzará la perspectiva y asumirá la responsabilidad de llevarla a extremos. Las relaciones que dan vida al sistema social y a la democracia llevarán esta marca indeleble.
La crítica contemporánea a esta forma de entender el derecho en el Perú, tiene sus mayores resistencias en la cultura legal precedente. Es decir, en los actores presentes, profesores y estudiantes. Y las incursiones reformadoras han tenido, en gran medida, efectos cosméticos sobre la cultura autoritaria y también sobre la idea del derecho. Las voces más representativas del discurso reformador, difícilmente se divorcian de las premisas autoritarias que le sirven de sustento, pues ellas son sus herramientas cotidianas para el ejercicio académico y profesional.
Una expresión contracultural –como ha dicho Binder[2]- es necesaria en medio de las sombras que envuelven nuestra cultura jurídica. Más allá del formalismo y sus consecuencias, la corrupción y las prácticas desleales de los operadores y ciudadanos, cuando de derecho se trata, forman parte también de ella con la ayuda del argumento de autoridad. La visión contracultural resulta entonces una cuestión central para la viabilidad de las instituciones que se justifican en el derecho. La política y la democracia son parte de ello. Cambiar las bases de la cultura legal tiene por ello un propósito superlativo, para que ésta cristalice los intereses y derechos ciudadanos en pos de la igualdad en un contexto de diversidad. Que el autoritarismo deje de ser una sombra perenne en la vida institucional depende en gran medida de que ello ocurra.
Pando, 24 de abril de 2008
[1] BORDIEU. Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico”. En: La fuerza del derecho. Ediciones Uniandes – Instituto Pensar – Siglo del Hombre Editores, p. 155 y sgts.
[2] BINDER, Alberto. “La cultura jurídica, entre la tradición y la innovación”. En: Los actores de la justicia latinoamericana. Salamanca: Ediciones Universidad, 2007, p. 38 y sgts.
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