Autor: Gorki Gonzales M.
El nivel de pobreza de un país refleja el grado de realización de los derechos fundamentales de las personas. La pobreza es la causa más flagrante de la desigualdad, restringe la libertad, pone en cuestión el derecho a la integridad física, a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, impide el acceso a la justicia, en suma, diluye el sentido de la dignidad humana.
Para no olvidarlo, la democracia, como sistema de gobierno, existe precisamente para la protección y tutela de los derechos fundamentales. Esta es la razón que la justifica desde su origen en los sistemas políticos constitucionales del mundo moderno. La pobreza tiene, por ello, una dimensión articulada al valor de los derechos tomados en serio, en los términos de Ronald Dworkin.
Los enormes conglomerados humanos que desde los orígenes de la república carecieron de medios esenciales para satisfacer sus necesidades básicas, conforman aún hoy el mapa de los que menos tienen en el Perú. Lo dramático es que en él, las causas históricas que alimentan la pobreza se mantienen, como siempre, definidas en torno a la exclusión, al centralismo y al racismo que vertebra en forma invisible nuestras relaciones sociales. La democracia en este escenario se convierte en una petición de principio, pura razón de Estado, sólo cifras macroeconómicas usadas como bandera por grises burócratas. Y el paradigma del progreso impulsado desde el oficialismo, se levanta entonces como suntuoso mausoleo en un cementerio donde los cuerpos se entierran sin mortaja.
Un gobierno puede no ser responsable de las causas históricas de la pobreza en el país, pero no puede exonerarse de su incapacidad o desinterés para revertir esta realidad como prioridad de la democracia misma. La hipótesis según la cual, más adelante el vaso rebosará, ha contribuido al actual estado de cosas en un contexto de crecimiento económico que repele a los pobres. Los cosméticos y fluctuantes programas sociales expresan esa concepción paternalista y culposa, compenetrada con esta idea del desarrollo económico, que pretende la convivencia de la democracia con la pobreza. Donde los derechos fundamentales se advierten como obstáculos al desarrollo económico y, por ello, son considerados impracticables. Como el caso de los derechos sociales, económicos y culturales, cuya vigencia, como expresión del grado de pobreza, suele estar determinada por las condiciones económicas del Estado, como si éstos no fueran precisamente la razón del Estado en una democracia.
Las devastadoras cifras de la pobreza en el Perú son sólo un leve indicador del estado de indefensión y desamparo material y moral de las personas que la sufren. Que esto se extienda y convierta en metástasis proyecta además un sombrío cuadro donde la ciudadanía ya no es un atributo sino una concesión esquiva para los pobres. La pobreza expresa el fracaso de la democracia como sistema para tutelar los derechos y ninguna perspectiva liberal puede soslayar este punto de vista que compromete, por cierto, al gobierno de turno.
La democracia reclama de los gobiernos coherencia con los principios constitucionales y compromiso con la protección de los derechos de las personas. Se espera decisión para impulsar las políticas que proyecten la voz y los intereses de los excluidos. Se aspira a que produzca incentivos para desarrollar las capacidades de los desfavorecidos, para que estén en condiciones de igualdad. La democracia constitucional no es un instrumento del mercado ni de los intereses hegemónicos que lo mueven. Su razón de ser la obliga a valerse de ambos, para satisfacer los derechos fundamentales, como un problema práctico y existencial que atañe a la democracia misma.
Para no olvidarlo, la democracia, como sistema de gobierno, existe precisamente para la protección y tutela de los derechos fundamentales. Esta es la razón que la justifica desde su origen en los sistemas políticos constitucionales del mundo moderno. La pobreza tiene, por ello, una dimensión articulada al valor de los derechos tomados en serio, en los términos de Ronald Dworkin.
Los enormes conglomerados humanos que desde los orígenes de la república carecieron de medios esenciales para satisfacer sus necesidades básicas, conforman aún hoy el mapa de los que menos tienen en el Perú. Lo dramático es que en él, las causas históricas que alimentan la pobreza se mantienen, como siempre, definidas en torno a la exclusión, al centralismo y al racismo que vertebra en forma invisible nuestras relaciones sociales. La democracia en este escenario se convierte en una petición de principio, pura razón de Estado, sólo cifras macroeconómicas usadas como bandera por grises burócratas. Y el paradigma del progreso impulsado desde el oficialismo, se levanta entonces como suntuoso mausoleo en un cementerio donde los cuerpos se entierran sin mortaja.
Un gobierno puede no ser responsable de las causas históricas de la pobreza en el país, pero no puede exonerarse de su incapacidad o desinterés para revertir esta realidad como prioridad de la democracia misma. La hipótesis según la cual, más adelante el vaso rebosará, ha contribuido al actual estado de cosas en un contexto de crecimiento económico que repele a los pobres. Los cosméticos y fluctuantes programas sociales expresan esa concepción paternalista y culposa, compenetrada con esta idea del desarrollo económico, que pretende la convivencia de la democracia con la pobreza. Donde los derechos fundamentales se advierten como obstáculos al desarrollo económico y, por ello, son considerados impracticables. Como el caso de los derechos sociales, económicos y culturales, cuya vigencia, como expresión del grado de pobreza, suele estar determinada por las condiciones económicas del Estado, como si éstos no fueran precisamente la razón del Estado en una democracia.
Las devastadoras cifras de la pobreza en el Perú son sólo un leve indicador del estado de indefensión y desamparo material y moral de las personas que la sufren. Que esto se extienda y convierta en metástasis proyecta además un sombrío cuadro donde la ciudadanía ya no es un atributo sino una concesión esquiva para los pobres. La pobreza expresa el fracaso de la democracia como sistema para tutelar los derechos y ninguna perspectiva liberal puede soslayar este punto de vista que compromete, por cierto, al gobierno de turno.
La democracia reclama de los gobiernos coherencia con los principios constitucionales y compromiso con la protección de los derechos de las personas. Se espera decisión para impulsar las políticas que proyecten la voz y los intereses de los excluidos. Se aspira a que produzca incentivos para desarrollar las capacidades de los desfavorecidos, para que estén en condiciones de igualdad. La democracia constitucional no es un instrumento del mercado ni de los intereses hegemónicos que lo mueven. Su razón de ser la obliga a valerse de ambos, para satisfacer los derechos fundamentales, como un problema práctico y existencial que atañe a la democracia misma.
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