GLOBALIZACIÓN, JUSTICIA Y
DESIGUALDAD
Gorki Gonzales Mantilla[1]
PRESENTACIÓN
El
complejo y quizás paradójico impacto que la globalización produce sobre la
justicia como valor constitutivo de las democracias constitucionales, es la
razón que justifica el desarrollo del presente trabajo. En el fondo del
problema, la globalización aparece como
un fenómeno cuya expansión se produce en un contexto de evidente desigualdad
social cuya mayor incidencia se abre paso en las comunidades pobres. Esta realidad
se agrava por la ausencia o debilidad de las políticas estatales orientadas por
las dinámicas globalizadoras.
Lo
que puede estar en el fondo del problema de la globalización –como ha sido
dicho por Amartya Sen- es la presencia evidente de la desigualdad global. Este
hecho revela la importancia que adquiere la preocupación sobre la justicia
social y el valor de crear condiciones de igualdad para alcanzarla como parte
de las políticas públicas. Se trata de una cuestión que plantea un reto a las
dinámicas globalizadoras y que ubica en un lugar prevalente a los Estados y sus
gobiernos.
1. Globalización y justicia:
desencuentros y desencantos
Es
verdad que el capitalismo globalizado se advierte mucho más interesado en
expandir los mercados que en establecer la democracia o mejorar las condiciones
de ésta, ampliando y mejorando la educación pública o las oportunidades
sociales de los desfavorecidos[2],
pero al mismo tiempo es verdad que los gobiernos nacionales, por acción u
omisión, son abiertamente responsables de las causas de desigualdad visibles en
las cifras de la pobreza en el Perú y en el resto de países de América Latina,
por ejemplo.
Los
tipos de acuerdos políticos o la ausencia de los mismos, pueden facilitar la
expansión de los intereses del capital por encima de los derechos y la
justicia. En estos supuestos, ciertas dinámicas globales pueden servir para
agravar las condiciones locales de pobreza y exclusión. Los conflictos socio-ambientales
en contextos de diversidad cultural, suelen ser la evidencia más fuerte de
esto. En el Perú los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009, son sólo una pequeña muestra de cómo se
ha tratado este tipo de problemas en nuestro país. En aquella ocasión, el Estado volvió a mostrar su desinterés
por los derechos de las comunidades amazónicas con la promulgación de una serie de decretos legislativos del 2008 cuyo objeto, en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, era favorecer la explotación de recursos petroleros, minerales y otros. Así, se reeditó un escenario ya conocido: las empresas transnacionales beneficiadas y los miembros de las comunidades invisibles para para las políticas estatales.
El rechazo de las comunidades frente a estas decisiones fue claro desde el principio, pues además de lesivas a sus intereses, se habían producido sin consulta previa, conforme lo previsto por el Convenio 169 de la OIT. Las críticas no fueron asimiladas por el gobierno de turno, por el contrario[3], y así se llegó al 5 de junio del año 2009, cuando se produjo una violenta confrontación entre miembros de las comunidades y la policía, en la zona denominada “Curva del Diablo”. El resultado final fueron 33 muertos (10 civiles y 23 policías), un oficial de la policía desaparecido, 200 personas heridas (82 por armas de fuego) y cuantiosos daños materiales. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos aguarunas, huambishas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días y que había dejado desabastecidas de combustible, gas y alimentos a las regiones de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.
El rechazo de las comunidades frente a estas decisiones fue claro desde el principio, pues además de lesivas a sus intereses, se habían producido sin consulta previa, conforme lo previsto por el Convenio 169 de la OIT. Las críticas no fueron asimiladas por el gobierno de turno, por el contrario[3], y así se llegó al 5 de junio del año 2009, cuando se produjo una violenta confrontación entre miembros de las comunidades y la policía, en la zona denominada “Curva del Diablo”. El resultado final fueron 33 muertos (10 civiles y 23 policías), un oficial de la policía desaparecido, 200 personas heridas (82 por armas de fuego) y cuantiosos daños materiales. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos aguarunas, huambishas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días y que había dejado desabastecidas de combustible, gas y alimentos a las regiones de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.
Al día siguiente de ocurridos estos hechos, el Congreso promulgó la Ley No. 29376 para suspender las normas en cuestión: el Decreto Legislativo No.1090 (Ley forestal y de fauna silvestre) y el Decreto No.1064
(régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario). Luego
los derogó por haber sido promulgados sin haber consultado previamente a las
comunidades. Finalmente y como resultado de este mismo contexto, el Presidente
del Gabinete de Ministros Yehude Simon, presentó su renuncia al cargo. Es como si las cosas se hubieran hecho al revés, precisamente por la ausencia o negación del diálogo desde el propio Estado.
La ausencia del diálogo puede incidir en el discurso sobre la
pobreza y la exclusión, usados como punto de referencia por quienes rechazan la
globalización, tanto como por quienes la auspician como un todo. Desde ambas
posturas se defienden cosas opuestas teniendo como punto de atención el mismo problema. Como advierte Sen[4],
los que la rechazan dirán que los ricos del mundo se están volviendo más ricos
y los pobres más pobres. Por su parte, los que la respaldan dirán que los
pobres del mundo están menos pobres, debido a que participan de la economía
global.
Desde
esa perspectiva, sin embargo el problema parece estar mal enfocado. En todo
caso, la necesidad de establecer postulados no exhaustivos sobre la relación
entre la globalización y el desarrollo parece ser una precondición racional
para entender el papel de la globalización misma y aprovechar su incidencia en
el desarrollo humano.
De
otro lado, pretender que las cosas son buenas o malas per se anula el debate y
hace inviable discernir sobre los ajustes para mejorar las diferentes políticas
a través de las cuales se expresa la globalización. El primer desencuentro de esta
forma de ver las cosas es este: no hay justicia sin acuerdos básicos sobre la
misma y sobre la preeminencia que ella debe tener para construir las vigas del
desarrollo en un mundo globalizado.
Cuando
las políticas gubernamentales se entrelazan con los intereses de las grandes
corporaciones y se construyen definiciones legales de alcance para estabilizar el desarrollo comercial a través
de los Tratados de Libre Comercio, la pregunta sobre la justicia en la
distribución de cargas y beneficios que corresponden a los productores locales
en general, no puede ser menospreciada, evadida o siquiera aligerada.
Las
expectativas de los más débiles en la globalización económica se frustran
cuando ésta sólo funciona como una especie de hegemonía actualizada de los más
fuertes. Después de todo, lo que está en juego en este caso, son los derechos y
la posibilidad de que éstos incidan en el desarrollo humano.
El
desencanto que emerge de esta realidad puede convertirse en un argumento para
preservar las tesis que absolutizan el relativismo cultural y lo convierten en
un reclamo que puede abanderar prácticas autoritarias, antidemocráticas y
contrarias a los derechos de quienes supuestamente se ven afectados con la
globalización.
2. Corrupción, injusticia e impunidad:
la globalización como telón de fondo
La
desigualdad global como factor presente en la globalización misma se entreteje
con las instituciones de los Estados y es una de las causas de la corrupción, de
la injusticia y la impunidad. No es exagerado sostener que estos rasgos definen
en gran medida la vida de los países como el nuestro, pero ello no significa
que sean consustanciales a la globalización.
En
todo caso, la globalización contribuye al desarrollo de estos fenómenos,
especialmente cuando los gobiernos llevan a cabo sus políticas sin compromiso
con los intereses ciudadanos. La globalización en estos casos se conecta a los
intereses particulares que se busca privilegiar y contribuye a profundizar las
desigualdades y a ampliar los espacios de exclusión.
Las
desigualdades estructurales no se superan con las oportunidades de la
globalización, sin compromisos internos desde la política y la acción
gubernamental. De lo contrario, las dinámicas globalizadoras pueden servir
para agravar estas condiciones: ese
puede ser el caso de la explotación de los recursos naturales como el petróleo
o el gas en el Perú, cuyo modelo no satisface los intereses de las poblaciones locales
que deberían verse beneficiadas y, por el contrario, se ven perjudicadas. La
injusticia que marca este proceso podría ser el foco de reclamos sociales que
en alguna versión maximalista se vería identificada con el rechazo de la
globalización como un todo.
La
corrupción encuentra también una oportunidad estratégica gracias a la
globalización, debido a las grietas presentes en la institucionalidad de las
democracias de nuestros países. El narcotráfico es una muestra de ello, pues la
ineficacia de las políticas de interdicción y erradicación de los sembríos
ilegales de coca se vincula a una mezcla de deficientes enfoques y políticas locales
en el marco de presiones globales. Éstas políticas pierden legitimidad debido a
que los valores que se pretenden defender no sólo no están internalizados en
las autoridades que deben tutelarlos -se explica así la corrupción- sino que,
además, no exhiben vínculo razonable ni alternativa a los intereses de los
agricultores que se dedican a esta actividad económica. La corrupción es casi
un resultado inevitable de este proceso.
La
intensificación de las relaciones comerciales globales crea oportunidades para
la corrupción, al margen de si las actividades comerciales son o no ilícitas.
La ilicitud se configura en la indefinición moral que moviliza el sentido de la
política local. Cuando un ex Presidente del Consejo de Ministros de nuestro
país se reunió con el responsable de una red transnacional de negocios en la
suite de un hotel y más tarde es acusado con imputaciones que tienen que ver
con tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, lo que está en entredicho
es la moral del funcionario antes que el sentido de la globalización. Sin
embargo, también es verdad que este resultado se integra a los procesos a
través de los cuales se movilizan las dinámicas globalizadoras de la economía.
Pero es la posición local la que facilita la corrupción.
Parece
indiscutible que la corrupción y la ausencia de justicia redistributiva se
definan luego en un escenario de impunidad. Las fallas del sistema legal y la
debilidad institucional incorporan esta variable como instrumento de los
intereses particulares que se busca beneficiar.
Sin embargo, la tolerancia que frente a estas anomalías presenta la
política local también forma parte de un juego creado por los intereses
transnacionales, como ha sido advertido por Maggie Sumner. Por ejemplo, la
impunidad que enmascara a los responsables de los daños producidos por la
explotación irracional de los recursos naturales alcanza a una larga cadena de
actores que se inicia en nuestros países pero que usualmente concluye en los
países del norte.
La
corrupción, la injusticia y la impunidad al margen de los procesos de
globalización corresponden a modelos políticos que los viabilizan. Y no sólo se
distinguen las dictaduras en este propósito. En los últimos años la política nacional,
parece estar conducida por partidos o agrupaciones que definen su acción por
intereses privados antes que por ideologías o programas políticos orientados
por intereses públicos. En este contexto se explican nuevamente las
vinculaciones de ex ministros, candidatos, funcionarios públicos, militantes de
partidos, etc., con graves actos de corrupción. Esta forma de hacer política se
muestra como una herramienta de eficaz inserción en el mercado de lo ilícito y
este es el extremo que se aprovecha de las ventajas provenientes de la globalización,
aunque no sea el que defina el sentido de la globalización como tal.
3. Reflexión final: los retos o
tareas pendientes
Es
verdad que la globalización debe sus orígenes recientes a la idea de abrir las
oportunidades de la economía de mercado en el mundo. Ello no significa, sin
embargo, que deba diluirse en ese propósito. La experiencia de todos estos años
demuestra que los desencuentros, desencantos y crisis que el proceso
globalizador ha provocado en las comunidades la han rodeado de críticas, escepticismo y pérdida de legitimidad.
La
tarea pendiente de la globalización puede orientarse a optimizar las oportunidades que ésta brinda para emancipar
los derechos y libertades de las personas y las comunidades. Aprovechar las
potencialidades que se derivan de ella para instalar la preocupación global por
la pobreza, la desigualdad y la exclusión. A esta finalidad deberían concurrir
todos los esfuerzos que discurren hoy en el andamiaje original de los procesos
de globalización.
Se
trata de una tarea de dimensiones que compromete esfuerzos múltiples. El
desarrollo de una ética cosmopolita vertebrada en torno a la dignidad humana y las
políticas públicas transnacionales y nacionales que la concreten.
[1] Doctor
en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa.
Profesor Principal de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional de la PUCP.
[2] SEN, Amartya. Indetidad y violencia. La ilusión del destino. Buenos Aires: Katz Editores,
2007, p. 187.
[3] Aún
se recuerdan las expresiones del Presidente Alan García Pérez: “Ya está
bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que
puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho
de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense
de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”. http://www.larepublica.pe/03-07-2011/conozca-las-patinadas-verbales-de-alan-garcia..
[4] SEN, Amartya. Op. Cit.,
p. 179.
