Esta intolerancia de nuestros días

Las últimas declaraciones dadas por el Presidente de la República, hacen mella de uno de los valores básicos de la política democrática: la tolerancia. Y digo de la política democrática porque es posible hacer un paréntesis y ubicar junto a política adjetivos tales como: autoritaria, informal, venal, etc, etc.

En el caso del presidente García hablaríamos por ejemplo de política venal, y en el de Alberto Fujimori de política autoritaria.

La tolerancia es un valor esencial de la convivencia democrática. Desde hace más de 3 siglos John Locke destacó su importancia cuando se pronunció en contra de los excesos de la corona inglesa. Y es posible que muchas cortes de justicia (es el caso de la CIDH o la Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo) la hayan convertido en el pilar de la práctica constitucional y política de nuestros países.

¿Pero en qué radica su importancia? En sociedades donde la política se ha devaluado de manera sensible, y donde los resultados –sociales, económicos y políticos- se han convertido en la norma es probable que la tolerancia carezca de sentido. No obstante, en aquellas sociedades donde la efectividad se combina con el logro de objetivos más caros adquiere una importancia mayor.En esos casos la tolerancia se vuelve sinónimo de democracia, y permite, entre otras cosas, el sano ejercicio de la crítica. Opinar, discutir, y proponer ideas es la faz más relevante de la tolerancia. Puesto que hace posible distinguir los pro y los contras de una medida, las alternativas viables, el claro y el gris de una idea, en suma se hace posible el progreso.

Ahora bien, existen dentro del derecho normas que reflejan este imperativo moral. Es el caso, por ejemplo, del debido proceso. El debido proceso existe junto a normas como el derecho a la igualdad, o el derecho a la no discriminación, para que quienes tienen una voz –sea cual fuere esta- sean escuchados, en desmedro de otras voces, más vastas y poderosas.

Es por ello que el Presidente en el caso de los trabajadores del BANMAT ha exagerado el tono, y ese exceso resulta condenable. Las instituciones políticas, sean estas el ministerio público, el poder judicial, el parlamento, etc., cumplen un rol y este consiste en cumplir de la mejor forma las competencias que la Constitución les ha asignado. La de juzgar a quienes cometen delitos le corresponde por ejemplo al Poder Judicial.

Las declaraciones del Presidente fueron muestra de su indignación ante hechos, de todo punto de vista, condenables. Lo que no se puede aceptar, sin embargo, es que las manifestaciones de esa indignación sean una vez más las de la política intolerante.